Denuncia que la Administración vulnera la ley de libre acceso a la información en materia medioambiental Considera que esta actitud se debe a su intención de «frenar» la actividad de la asociación ecologista

EL NORTE/SEGOVIA
    La organización ecologista Centaurea ha denunciado ante el Procurador del Común «la vulneración sistemática por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia de la Ley de Libre Acceso a la Información en Materia de Medio Ambiente así como de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común».

    La asociación considera que la reiterada falta de contestación por parte de ambos organismos a las solicitudes de información sobre medio ambiente, así como la obstaculización a la consulta de determinados expedientes que según su opinión ejerce el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, Rodrigo Suárez, «son indicativos de una actitud obstruccionista orientada a impedir que las asociaciones puedan acceder a la información en materia de medio ambiente y frenar así su actividad».

    Como ejemplo de esta actitud por parte de la Administración regional, Centaurea destaca que «la Consejería de Medio Ambiente lleva casi un año demorando contestar a una solicitud de información (realizada en julio de 2003) relativa a la situación de la población de águila imperial en Castilla y León» o los casi dos años que llevan esperando la respuesta la petición del informe 'Estudio para la Declaración de la Sierra de Guadarrama como Espacio Natural Protegido, elaborado a principios de la década de los noventa.

Sin respuesta
    Por su parte el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia «no se ha dignado a contestar, entre otras muchas, a diversas cartas». Unas misivas en las que Centaurea solicitaba información relativa a el proceso de sellado y clausura del vertedero controlado de residuos sólidos urbanos de El Espinar (carta enviada en agosto de 2003); la mortandad de peces producida a finales del mes de julio de 2003 en el río Duratón a la altura de San Miguel de Bernuy (remitida en la misma fecha que la anterior), o al vertido y enterramiento de residuos tóxicos y peligrosos en las proximidades del río Moros, en el término municipal de El Espinar, por parte de la empresa constructora de la autopista AP-61 San Rafael-Segovia (enviada en octubre de 2003).

    La organización ecologistas también critica que «ni siquiera el requerimiento, realizado en noviembre de 2003, a la delegada territorial de la Junta en Segovia, María Dolores Ferri, para que hiciera cumplir al Servicio Territorial de Medio Ambiente con su deber con respecto a la legislación vigente, surtió efecto alguno ni tampoco mereció contestación por parte de la delegada.

    Centaurea denuncia que «en todos los casos se superado ampliamente el plazo de dos meses que establece la Ley 30/1995 de libre acceso a la información ambiental para resolver las peticiones realizadas». «Ambos organismos -añaden- han dado la callada por respuesta en todas las ocasiones».