Existen indicios de que la constructora depositó vertidos tóxicos y peligrosos en una finca de El Espinar. Un informe atribuido a la empresa que hizo el seguimiento de las obras confirma que se vulneró la legalidad

FERNANDO ARANGUREN/SEGOVIA
    Un año y tres meses después de su entrada en servicio, la autopista de peaje AP-61 entre Segovia y San Rafael, de 28 kilómetros, sigue siendo objeto de la actuación de la Justicia. La Audiencia Provincial acaba de ordenar al Juzgado de Instrucción número 2 de Segovia que investigue un presunto delito ecológico cometido durante su construcción en una finca del término municipal de El Espinar en la que, presuntamente, las empresas que acometieron la obra depositaron materiales tóxicos y peligrosos.

    La decisión del máximo órgano judicial de la provincia, del pasado 21 de junio, reaviva de esta forma la denuncia penal presentada en octubre del 2003 por un particular contra la empresa constructora -la Unión Temporal de Empresas formada por Dragados, Ferrovial y Necso- que fue archivada por el citado juzgado.

    El denunciante, Tomás Puente García, se querelló contra las constructoras por un doble motivo: estafa y delito contra el medio ambiente, si bien la primera causa no ha sido estimada por la Audiencia que, no obstante, si ha tenido en consideración la segunda. El acuerdo de la sala mantiene el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto del delito atribuido de estafa, pero acuerda continuar las diligencias previas respecto de los vertidos denunciados «en cuanto pudieran ser constitutivos de delito contra el medio ambiente».

La querella
    Puente García es propietario de una finca de El Espinar, parte de cuyo terreno cedió a la unión de empresas que llevó a cabo la construcción de la autopista. Meses más tarde emprendió acciones legales contra la misma al considerarse víctima de una estafa y por los daños ecológicos que sufrió el terreno que prestó temporalmente. Según su denuncia, firmó «ingenuamente» un contrato de cesión del terreno a cambio de 24.040 euros, una cifra que consideró posteriormente «irrisoria» teniendo en cuenta «los cuantiosos beneficios y rendimientos económicos» -que cifró en 600.000 euros- obtenidos por las empresas denunciadas al extraer de su finca grandes cantidades de zahorra natural o kaulín, material que fue utilizado para la ejecución de plataformas y firmes de la autopista y que posee un importante valor económico.

    En la segunda parte de su querella, el propietario denunció los daños «importantes» que la finca sufrió como consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo en ella durante la construcción de la autopista y que han dejado el solar en un estado de «absoluta inutilidad» para uso y destino como finca rústica.

    La queja de Puente García estuvo reforzada por la denuncia pública de la Asociación Ecologista Centaurea, de El Espinar, según la cual las zonas de desmonte de la finca fueron rellenadas con sobrantes de obra, residuos bituminosos, bidones de aceites y lubricantes, plásticos, hierros y vertidos de sustancias oleaginosas que estaban flotando en la superficie. Centaurea advirtió que los lixiviados pueden llegar al cauce del río Moros y a las capas freáticas.

Sorpresa en un informe
    La más curioso es que la decisión de la Audiencia de instar al Juzgado número 2 a investigar el presunto delito medio ambiental se sustenta en el contenido de un informe realizado por la empresa encargada de seguir la correcta actuación ambiental de las obras de la autopista en la que se dice que la finca del denunciante se está rellenando «con materiales tóxicos y peligrosos y sus envases, lo cual contraviene la Ley 10/98 y 11/97 sobre gestión de estas sustancias».

    A la vista de esta documentación, la sala estima que no procede el archivo de las diligencias decidido por el titular del Juzgado de Instrucción, al que indica en qué forma debe proseguir la investigación. Los pasos sugeridos son: determinar la veracidad del informe y del vertido que en él se denuncia, mediante la declaración de su redactor; comprobar si el vertido fue corregido posteriormente por la constructora; analizar el terreno y el depósito para comprobar su peligrosidad, y, por último, determinar al responsable o responsables de los vertidos.


F. A. SEGOVIA.
    La decisión de la Audiencia Provincial de ordenar que se investigue el presunto delito medio ambiental cometido en una finca de El Espinar ha sido acogida con «satisfacción» por la Asociación Ecologista Centaurea, cuyo portavoz, Carlos Bravo, considera «muy positivo que se reconozca el vertido de residuos tóxicos y peligrosos que denunciamos». «Estos hechos dejan al descubierto la impunidad con que actuó Iberpistas, con la complicidad del Gobierno del PP. Lástima que, ahora que está el PSOE en el Gobierno, no pueda darse marcha atrás en las actuaciones llevadas a cabo», concluyó.