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Trabajadoras del albergue acusan a la nueva empresa de “coacción laboral”
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miércoles, 14 de julio de 2004
Fachada del albergue. Foto: Pedro Merino
 Han presentado una denuncia ante la Guardia Civil “por amenazas de sus responsables”
El Adelantado - El Espinar
    Cuatro trabajadoras fijas discontínuas del albergue juvenil de San Rafael han denunciado ante la Guardia Civil, el Juzgado de lo Social de Segovia y la Junta de Castilla y León a la empresa que gestiona la instalación, Albernatura, “por amenazas y coacción laboral”. El albergue juvenil de San Rafael, que dependía de la Junta de Castilla y León, fue cedido para su gestión y explotación a la empresa Albernatura S.L. el pasado 1 de junio.

    Las empleadas afirman en un comunicado que, según establece el convenio de la Junta, la empresa adjudicataria “debe asumir la totalidad de la plantilla y mantener las mismas condiciones de trabajo”. Las denunciantes aseguran que la empresa ha intentado modificar sus condiciones de trabajo y suscribir un nuevo contrato de trabajo, en base al de hostelería, “completamente diferente al de la Junta”. Las empleadas se han negado a suscribir ese nuevo contrato. En este sentido, una de las trabajadoras explicó que el objetivo final de la empresa “es despedirnos por no firmar el contrato sin indemnización”.

    En el comunicado añaden que el albergue funciona “sin personal cualificado, pudiéndose encontrar en una situación de abandono y deterioro de la atención a los usuarios”. Al parecer, se expone, la actividad en el albergue se mantiene “mediante su administrador y dos colaboradores que se ocupan directamente de las funciones de cocina, limpieza, etc., al haber expulsado de forma ilegal a todas las trabajadoras por negarse a firmar el nuevo contrato”.

    Las trabajadoras quieren aclarar que son fijas discontínuas desde hace más de diez años, “y expresan su voluntad de solucionar un conflicto creado exclusivamente por la empresa Albertanura, e incorporarse a su puesto de trabajo”. Por su parte, uno de los responsables de la adjudicataria declinó realizar declaraciones, y manifestó a esta redacción que la denuncia ha sido puesta en manos de sus abogados.
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