Así se deduce de las sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de los pasados días 9 y 18 de mayo, contra las que cabe recurso ante el Tribunal Supremo y de las que ayer informó la Diputación Provincial de Segovia. Se trata de las dos primeras sentencias de los cuatro procedimientos contenciosos que los servicios jurídicos de la Diputación han interpuesto en defensa de los intereses económicos de estos ayuntamientos, así como de los de Villacastín y Muñopedro.

    Según la institución provincial, las sentencias se fundamentan en el principio de suficiencia financiera de las entidades locales, que obliga al Estado a compensar a los ayuntamientos en el caso que éste establezca un beneficio fiscal sobre tributos locales.

    La bonificación del 95% en la cuota del IBI la venía disfrutando la empresa concesionaria de la carretera, Iberpistas, del Grupo Abertis, entre 1998 y 2002, acorde con el decreto de adjudicación de la concesión y con la Ley de Autopistas.

Resoluciones pendientes
    Las cuantías de las compensaciones reclamadas en vía judicial, de las que aún no hay resolución, ascienden a 376.467 euros para Villacastín y de 42.500 euros para Muñopedro. A estas cantidades deberán añadirse las que actualmente se encuentran en trámite de solicitud previa ante la Dirección General de Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda, correspondientes a los años posteriores al 2002.

    El montante total de las compensaciones que el Estado debería ingresar a estos ayuntamientos, sumadas las ya reclamadas judicialmente y las que se tramitan aún en vía administrativa, se elevaría a la suma de 2.707.049 euros.