La Asociación La Nueva Mesta anuncia acciones judiciales contra la Administración regional, a la que reclamará que pague los animales sacrificados a precio de mercado El Norte-FERNANDO ARANGUREN Ganaderos de vacuno extensivo de carne de Segovia responsabilizan a la Junta de Castilla y León de la propagación de la brucelosis por la provincia y anuncian acciones judiciales contra la Administración regional por no haber prevenido el contagio mediante vacunaciones. La cabaña de vacuno extensivo de la provincia suma unas 145.000 reses, el 85% de las cuales pastan y nacen en la zona de la sierra -desde Ayllón, al nordeste hasta El Espinar, al suroeste-, concentrándose en las unidades veterinarias de Villacastín y Segovia el mayor número de explotaciones y animales.
Hace un año, la prevalencia de la brucelosis en porcentajes superiores a los normales se circunscribía a la zona de Villacastín, con especial incidencia en el municipio de El Espinar, con más del 20% de las explotaciones afectadas. Un año más tarde, la Dirección General de Producción Agropecuaria se ha visto obligada a declarar a las unidades de Villacastín, y Segovia como «áreas geográficas de especial incidencia de brucelosis bovina», habida cuenta de su propagación desde El Espinar. La declaración implica que en diecisiete municipios de la provincia podrá ordenarse el sacrificio de las reses que, resultando negativas a las pruebas oficiales, pertenezcan a explotaciones con casos positivos y manifiesten signos de enfermedad; que cualquier movimiento de entrada o salida de los animales debe ser autorizado; que se contempla el posible vaciado de las explotaciones; que las dedicadas al comercio de los animales estarán sujetas a medidas especiales, y que se regula el acceso a los pastos de los rebaños. Las localidades afectadas son El Espinar, Navas de San Antonio, Zarzuela del Monte, Vegas de Matute, Valdeprados, Ituero y Lama, Monterrubio y Villacastín, en la unidad veterinaria de Villacastín, y San Ildefonso, Ortigosa del Monte, Otero de Herreros, Gallegos, Aldealengua de Pedraza, La Losa, Navas de Riofrío, Navafría y Revenga, en la de Segovia. Este conjunto de medidas ha causado indignación entre los sesenta ganaderos de la Asociación La Nueva Mesta de Segovia, que suman unas diez mil cabezas de ganado, de las que seis mil son vacas, y anuncian medidas judiciales contra la Junta de Castilla y León por haber permitido la propagación de la brucelosis al no haberla atajado con vacunaciones. Su portavoz, Fernando Mantecas, ganadero de La Losa, dice que no se oponen a los sacrificios e inmovilizaciones para combatir la brucelosis, pero señala que no se habría llegado a esta situación si la Junta hubiese vacunado a tiempo a los animales en la zona de El Espinar. Mantecas añade que la extensión de la brucelosis «conducirá a la ruina a un montón de explotaciones» dado que llega en un periodo de crisis derivada de los altos costes de los piensos. Además, apunta que la imposibilidad de llevar a los animales a pastar a la sierra originará un crecimiento desmesurado de los pastizales con el consiguiente riesgo de propagación de incendios. Indemnización ruinosa Los ganaderos de La Nueva Mesta anuncian también que reclamarán por vía judicial que los animales sacrificados sean pagados por la Administración al precio del mercado, ya que en la actualidad el dinero que reciben es un 50% inferior. Este extremo ha sido reconocido por el jefe de la sección de Sanidad Animal Segovia, Óscar Ortiz, quien explica que las indemnizaciones que la Junta abona se ajustan al baremo establecido por el Ministerio de Agricultura, aunque «entre lo poco que sacan por la carne y lo que se les paga por el sacrificio obligatorio los ganaderos obtienen la mitad del valor del animal». Según la asociación La Nueva Mesta, la Administración paga 528 euros por animal de entre dos y cinco años, que son los más caros, cuando su precio en el mercado es de unos dos mil euros. Por los terneros de uno a tres meses perciben 156 euros y por los de tres a doce meses, 300. Las reses de cinco a diez años se indemnizan con 480 euros y las de más de diez años con 240 euros. |