El colectivo se manifestó ante el Ayuntamiento pidiendo un mejor abastecimiento. Los afectados quieren que el Consistorio asuma el suministro de la urbanización. 

Juana Hita - El Espinar
    Unos 400 vecinos de la urbanización Los Ángeles de San Rafael se manifestaron ayer por la tarde ante el Ayuntamiento, para denunciar que desde los años 80 vienen soportando un suministro de agua “no adecuado para el consumo humano”. Los afectados exigen al Ayuntamiento que asuma la gestión del suministro de agua a estas más de 1.000 viviendas, que en la actualidad controla la promotora de la urbanización, las empresas de Jesús Gil y Gil, constructor de la misma en el año 1970.

    La manifestación partió a las siete y media de la tarde desde el centro cultural de El Espinar hasta la plaza de La Corredera, encabezada por una gran pancarta bajo el lema “Basta ya, agua saludable”. Algunos de los participantes también portaban pancartas en las que se podía leer, entre otras frases: “Impuestos sí, agua bebible también”.

    El grupo llegó hasta la Casa Consistorial, donde los portavoces de los vecinos leyeron un comunicado en el que reivindicaron “los mismos derechos y obligaciones que cualquier ciudadano, según establece la Constitución”. Los afectados acompañaron la lectura del comunicado con una gran pitada dirigida al Ayuntamiento. Así, a través del mismo responsabilizaron al alcalde, David Rubio, de la falta de control sobre las aguas residuales que van al embalse que les abastece. “No tenemos derechos, pero sí se nos exige la obligación de pagar los impuestos todos los meses”, se leyó también.

    La fuente de abastecimiento de esta urbanización es el embalse de El Carrascal, construido en el año 1970. “Desde esa fecha —explican los vecinos— no se ha procedido a ningún tipo de mantenimiento”. El llenado del mismo, según aseguran los afectados, se realiza por varias vías: agua de lluvia, escorrentía de las laderas próximas y escorrentía de las aguas residuales de toda la urbanización. “El origen del agua no es el adecuado para el consumo humano. Sin embargo, los propietarios pagan como si lo fuera, según las tarifas fijadas por la administración competente”, sostiene Lucía Cobo, una de las afectadas.

    Desde el colectivo vecinal denuncian que la situación “se ha agravado con el crecimiento desmedido de la urbanización, un hotel, la recalificación de 300.000 metros cuadrados de zona verde y un proyecto para la construcción de 5.500 viviendas por las empresas de Jesús Gil y Gil”.