Según los demandantes, este pleito puede tener una repercusión trascendental «porque si se decide que el paquete de la adjudicación es ilícito, quedarán impugnados todos los proyectos y actuaciones que se han llevado a cabo», aseguró ayer Francisco Cenalmor, abogado de la Plataforma.

    Los ecologistas denunciaron en su día la adjudicación al entender que se había producido de manera «ilícita y arbitraria», en palabras de Carlos Bravo, «incurriendo en irregularidades que van desde la ausencia de anteproyectos a decidir la construcción de una autopista en vez de una autovía», manifestó Cenalmor.

Recurriremos

    Los ecologistas han acogido la resolución judicial con respeto pero con la indignación provocada por la tardanza, circunstancia que en palabras del portavoz de la Plataforma Sierra de Segovia, Carlos Bravo, «ha servido para que triunfara la política de hechos consumados del Ministerio de Fomento».

    No obstante, Sierra de Segovia se apoya en la visión favorable de las dos magistradas que defienden sus argumentos, «lo que nos da pie a presentar con esperanzas el recurso de casación ante el Supremo porque prueba que nuestras tesis también han sido tenidas en cuenta», dijo Bravo.

    Según los ecologistas, la opinión de los tres magistrados que han desestimado la demanda «peca de gravísimas contradicciones» y avalan la «imposición de un trazado que ha supuesto un gravísimo atropello a los intereses generales del ciudadano y del medio ambiente para satisfacer determinados intereses particulares, en este caso los de Iberpistas», declaró Carlos Bravo.

    Aunque los demandantes reconocen que «el daño está hecho» y las autopistas de Segovia y Ávila ya funcionan, consideran que llegarán hasta el final «porque no podemos sentar un precedente tan negativo contra el medio ambiente».