El propietario cedió por 24.040 euros una parte del terreno de la que se extrajeron valiosos materiales para la obra. El denunciante, al igual que los ecologistas, sostiene que el solar ha sufrido daños por la construcción de la autopista.

EL NORTE/SEGOVIA
    El propietario de una finca de El Espinar que cedió parte del terreno a la unión de empresas que llevó a cabo la construcción de la autopista A-61 entre Segovia y San Rafael ha emprendido acciones legales contra la misma al considerarse víctima de una estafa y de los daños ecológicos que ha sufrido el terreno que prestó temporalmente. Esta denuncia viene a sumarse a la quejas que la Asociación Ecologista Centaurea ha trasladado a la Confederación Hidrográfica del Duero y a la Consejería de Medio Ambiente por el presunto vertido de residuos tóxicos en la finca del mismo particular.

    Según la denuncia presentada ante el Juzgado de Instrucción de Segovia, el propietario del terreno, Tomás Puente García, firmó «ingenuamente» un contrato de cesión del terreno, obteniendo por ello la cantidad de 24.040,48 euros, una cifra que el denunciante ahora considera «irrisoria» teniendo en cuenta «los cuantiosos beneficios y rendimientos económicos» obtenidos por parte de las empresas denunciadas, es decir, Dragados, Ferrovial y Necso, las cuales formaban la llamada A6-Segovia UTE.

    El afectado sostiene en su denuncia que la constructora extrajo de su finca grandes cantidades de zahorra natural o kaulín, material que fue utilizado para la ejecución de plataformas y firmes de la autopista y que posee un importante valor económico.

Engaño

    Puente García asegura que en las conversaciones previas que mantuvo con el representante de las empresas no fue informado del material que tenían previsto extraer, así como de su destino y finalidad. El denunciante dice que, de haber conocido estas circunstancias, «de ninguna manera hubiera realizado la cesión en los términos expuestos en el contrato», por lo que se siente objeto de un delito de estafa, «dada la magnitud real de la desproporción entre lo que se cede y lo que se obtiene». En la denuncia, la parte afectada asegura que la extracción del material proporcionó a las empresas beneficios de más de 600.000 euros.

    Asimismo, Puente García alega en su denuncia que las empresas conocían la importancia de la finca, «porque los estudios del suelo y geológicos ( ) se integran en el mismo Proyecto de Ejecución». La denuncia ya ha sido ratificada y el juez ha ordenado la apertura de las diligencias oportunas. El representante jurídico del particular augura una instrucción «larga» dada la complejidad de la investigación que se avecina.