Afirma que la Junta está admitiendo fuera de plazo informes de la sociedad que «amañan» el documento sometido a información pública.
La asociación ecologista exige a la delegada territorial que acabe con el trato de favor que se está dando a la empresa y que no se autorice la nueva instalación

EL NORTE/SEGOVIA
    La Asociación Ecologista Centaurea denuncia que la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia está cometiendo «numerosas irregularidades» en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto de planta de lacado de perfiles de aluminio promovido por la empresa Isoperfil, «irregularidades que se vienen a sumar a las perpetradas en su día por el Ayuntamiento de El Espinar en relación con el mismo proyecto de dicha empresa», añade.

    Centaurea dice que ha podido constatar que la Delegación Territorial «está aceptando e incluso promoviendo la presentación extemporánea y fuera del procedimiento reglado de diferentes informes por parte de Isoperfil», los cuales asegura que «alteran sustancialmente el contenido del estudio sometido a evaluación».

    La presentación extemporánea de un informe adicional por la ponencia técnica provincial de evaluación de impacto ambiental o por cualquier otra oficina administrativa adscrita a la Delegación Territorial, «constituye una flagrante infracción del procedimiento administrativo legalmente previsto», señala Centaurea.

    Según la asociación, la Delegación Territorial «está dando un inaceptable trato de favor a Isoperfil» al permitir que rectifique «de forma subrepticia» y haga entrega de tales documentos durante la fase de información pública -del 28 de octubre al 3 de diciembre- e incluso después de ella. Este hecho deja en situación de «evidente indefensión» a quienes se sientan afectados por el proyecto, «ya que se les ha hurtado la posibilidad de tener acceso a dicha nueva información a la hora de formular las alegaciones», añade.

Tapadera de falsedades

    En opinión de Centaurea la Delegación Territorial, lejos de evaluar medioambientalmente el proyecto ajustándose a la legalidad, «está en la práctica dándole a Isoperfil las directrices para tapar las numerosas contradicciones y falsedades que contiene el proyecto y contrarrestar los argumentos de las alegaciones presentadas».

    «La Delegación Territorial está dando amparo a un proyecto fraudulento, contribuyendo a amañarlo a espaldas de los demás agentes interesados en el procedimiento, para dejarlo convenientemente preparado antes de que vaya a la próxima ponencia de Evaluación de Impacto Ambiental», afirma Carlos Bravo, portavoz de Centaurea.

    Esta organización ya puso en conocimiento de la delegada territorial, María Dolores Ferri, esta «inaceptable situación» el pasado 9 de diciembre, mediante un escrito enviado a su fax oficial y también por correo administrativo y dice haber tratado infructuosamente en diversas ocasiones establecer contacto telefónico al respecto, sin que haya mediado contestación alguna por parte de Ferri.

    Por todo ello, exige que se devuelvan a Isoperfil los informes adicionales presentados en noviembre y diciembre y cualquier otra información complementaria posterior a la apertura del período de información publica y que la ponencia técnica de evaluación no tenga en cuenta sus contenidos a la hora de formular su propuesta de Declaración de Impacto Ambiental.

    Igualmente, exige que, con motivo de las «innumerables irregularidades» y por «el impacto negativo para la salud pública y el medio ambiente (emisión a la atmósfera de sustancias tóxicas, entre ellas de flúor y derivados de éste)», se declare medioambientalmente inviable el proyecto y se emita Declaración de Impacto Ambiental negativa.

    Por último, Centaurea advierte que iniciará acciones legales si el proyecto sigue adelante, incluidas ejercicio de acciones penales si se demostrara que la actuación administrativa ha estado dirigida por intereses espurios. «Nos estamos jugando, no sólo el bienestar del medio ambiente, sino lo que es más grave, la salud de las personas que viven en El Espinar», concluye Bravo.

¿Presiones o padrino?

    La asociación Centaurea se pregunta «¿qué interés especial existe en que, primero el Ayuntamiento de El Espinar y ahora la Delegación Provincial, estén actuando contraviniendo conscientemente el procedimiento legal de control ambiental del proyecto?» y anuncia que va a investigar «este trato de favor( ) por si se debiera a una consigna o instrucción recibida por la Delegación Territorial 'desde arriba', o a la existencia de 'un padrino con influencia' que esté actuando en la sombra para allanar el camino a Isoperfil y ayudarla a sacar adelante su proyecto, sin pasar un examen de fiscalización ambiental riguroso».

    «No encontramos otra explicación, sino una 'fuerte presión' por parte de sus superiores, para entender el comportamiento que en este caso está teniendo una Delegación Territorial que hasta ahora se había caracterizado por cierta independencia y por su profesionalidad en temas ambientales, en comparación con otras delegaciones territoriales», afirma Carlos Bravo.